Autora: Pilar Úcar (*)

Esta mañana en mi clase de Lengua a estudiantes de Traducción e Interpretación, mientras dos de ellas hacían una presentación sobre el traído y llevado lenguaje jurídico, he pensado en hacer la siguiente la propuesta para nuestro blog de Neohumanismo.
A continuación, he reformulado un artículo rescatado de hace años en el que colaboré y tras leerlo, aplaudo la exposición que mis alumnas han realizado en la universidad.
En esencia se han apoyado en lo que viene siendo un clásico cuando se trata del lenguaje jurídico: su opacidad a pesar de que los próceres del ramo se afanan en convencernos a los sujetos de dicho lenguaje que son transparentes, claros y cristalinos para que no quede la más mínima duda de lo que se está dirimiendo entre las partes implicadas.
Pues bien, para muestra un botón:
Pasen y vean, juzguen y mediaticen, porque va de eso…de leyes, de penas y de medios de comunicación.
“Me gustaría plantear un debate en cierta manera crítico, aunque voces más expertas las habrá, sin duda, sobre el asunto del poder judicial y los medios de comunicación. Tema actual desde el pasado con un presente polémico y un futuro lleno de incertidumbre, a pesar del desarrollo de las democracias occidentales; parece que se impone la convivencia para armonizar intereses quizá contrapuestos. Acercarse a la actividad informativa generada y transmitida en torno al enjuiciamiento penal de los ciudadanos, exige algunas consideraciones que ayuden a recordar las “normas de juego”.
La Administración de justicia y, en particular, la actuación del Poder Judicial está sometida en las sociedades democráticas al escrutinio de los medios de comunicación. La publicidad de la justicia siempre ha constituido una garantía de transparencia de la actuación del poder punitivo del Estado y, en general, de cualquier clase de proceso judicial.
Además, los medios de comunicación sirven de correa de transmisión sobre lo que acontece en nuestros juzgados y tribunales para satisfacer el derecho a la información, entendido no solo como derecho a informar, sino como derecho de los ciudadanos a estar informados. Así pues, la crítica, como mecanismo informal de control del poder, sin excluir al poder judicial, resulta fundamental en una sociedad democrática.
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